Ávila, una ciudad conocida por su patrimonio histórico y su entorno natural, se encontraba en pleno proceso de implementación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) cuando, en junio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló la ordenanza que regulaba esta medida. Este fallo judicial ha generado un intenso debate político y social, poniendo en evidencia las tensiones entre la necesidad de avanzar hacia una movilidad más sostenible y los procedimientos legales que deben acompañar a tales transformaciones.
El origen de la ZBE en Ávila
La iniciativa para establecer una ZBE en Ávila surgió como respuesta a las directrices europeas y nacionales que exigen la creación de estas zonas en ciudades con más de 50.000 habitantes. El objetivo era reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles. La ZBE propuesta abarcaba el centro histórico de la ciudad, incluyendo áreas como la Plaza de Italia, la calle San Segundo y los alrededores de la Muralla.
Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento, la medida afectaba a aproximadamente 15.748 vehículos, principalmente aquellos sin distintivo ambiental, como los diésel matriculados antes de 2006 y los de gasolina anteriores al año 2000. Para estos vehículos, se establecieron restricciones de acceso, permitiéndoles circular únicamente entre las 20:00 y las 07:00 horas, salvo en casos excepcionales como residentes, personas con movilidad reducida o para acceder a aparcamientos públicos.
La sentencia del TSJCyL
El 4 de junio de 2025, el TSJCyL dictó una sentencia que anulaba la ordenanza de la ZBE de Ávila. La razón principal de esta decisión fue un «defecto de procedimiento formal», ya que el Tribunal consideró que el Ayuntamiento aprobó la ordenanza sin contar previamente con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), como exige la normativa. Esta omisión en el proceso administrativo fue suficiente para invalidar la medida, aunque el TSJCyL no cuestionó la justificación medioambiental ni la necesidad de la ZBE en sí misma.
El fallo dejó claro que el procedimiento debería haber seguido el orden establecido: primero, la elaboración y aprobación del PMUS, y luego, la aprobación de la ordenanza que regula la ZBE. Esta secuencia es esencial para garantizar la coherencia y la legalidad de las políticas urbanas, especialmente cuando afectan a derechos fundamentales como la libre circulación.
Reacciones políticas y sociales
La anulación de la ZBE provocó reacciones diversas en el ámbito político y social de Ávila. El equipo de gobierno municipal, formado por Por Ávila y el PSOE, expresó su desacuerdo con la sentencia, pero anunció que no recurriría la decisión. José Ramón Budiño, teniente de alcalde de Movilidad Urbana, afirmó que la sentencia «pone luz a la normativa» y que, a pesar del revés, el Ayuntamiento seguiría adelante con la implantación de la ZBE, ajustando el procedimiento a las exigencias legales.
Por otro lado, la oposición, especialmente el Partido Popular (PP) y Vox, criticó la gestión del equipo de gobierno y señaló que la anulación de la ZBE era una consecuencia directa de la falta de planificación y de la improvisación en la toma de decisiones. Además, algunos sectores de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de participación ciudadana en el proceso y la necesidad de un debate más amplio sobre las políticas de movilidad sostenible.
El futuro de la ZBE en Ávila
A pesar de la anulación judicial, el Ayuntamiento de Ávila ha manifestado su intención de seguir adelante con la creación de la ZBE, pero cumpliendo con los procedimientos legales establecidos. Para ello, se comprometió a elaborar un PMUS que contemple de manera integral las políticas de movilidad de la ciudad, incluyendo la ZBE como una de sus medidas.
Este proceso implicará una nueva fase de participación ciudadana, en la que se recogerán las opiniones y propuestas de los vecinos y de los diferentes colectivos implicados. Además, se realizará un análisis detallado de los impactos ambientales, sociales y económicos de la ZBE, con el fin de ajustar la medida a las necesidades reales de la ciudad y garantizar su eficacia.
Desafíos y oportunidades
La situación en Ávila pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las ciudades medianas en su transición hacia modelos urbanos más sostenibles. La necesidad de adaptar las infraestructuras, los hábitos de movilidad y las normativas existentes requiere un enfoque integral y una planificación cuidadosa. Al mismo tiempo, la resistencia al cambio, ya sea por falta de información, por intereses económicos o por cuestiones ideológicas, puede dificultar la implementación de políticas necesarias para mejorar la calidad de vida urbana.
Sin embargo, también se presentan oportunidades. La anulación de la ZBE no debe verse como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para revisar y mejorar el proyecto, incorporando las lecciones aprendidas y las aportaciones de la ciudadanía. Además, el proceso de elaboración del PMUS puede servir para impulsar un debate más amplio sobre la movilidad en Ávila, promoviendo soluciones innovadoras y adaptadas a la realidad local.
El futuro de la movilidad en Ávila dependerá de la capacidad de sus instituciones para aprender de los errores cometidos, para escuchar a la ciudadanía y para diseñar políticas que equilibren la sostenibilidad ambiental con el bienestar social y económico. Solo así se podrá avanzar hacia una ciudad más limpia, más justa y más habitable para todos.
